“No vine a
inculpar, ni a exculpar a nadie”, sostuvo el diputado duhaldista Juan José Alvarez, apenas salió de declarar en el juicio político a Aníbal
Ibarra. Alvarez desembarcó tras Cromañón en el Gobierno porteño y se
hizo cargo de la Secretaría de Seguridad. Ayer dijo que la encontró “en
una enorme crisis” y que, con la misma normativa, duplicó las
inspecciones y clausuró 500 locales. Su testimonio –al igual que el de
Diego Gorgal, que ejerce actualmente el cargo– contrastó con el de los
inspectores que aseguraron la semana pasada que no se podía clausurar.
“El Estado recuperó la capacidad de fiscalización, que perdió mucho
antes de Cromañón”, evaluó el fiscal Jorge Enríquez, mientras que el
defensor Julio Golodny destacó que “Alvarez fue favorable a Ibarra,
porque dijo que recibió su apoyo”.
Apenas entró, Alvarez
explicó que había renunciado a su derecho, como diputado, de responder
por escrito y que incluso había concurrido al enterarse por los medios,
porque la citación oficial nunca la recibió. Fue muy precavido en sus
respuestas, pero dejó entrever algunas falencias del esquema previo.
Contó que en los 120 días que estuvo a cargo hizo una 500 clausuras con
la misma normativa de antes de Cromañón. “Hicimos una oleada de
inspecciones, que para algunos fue un show, pero le decía a la sociedad
que estábamos controlando”, recordó, e incluso se permitió citar a Perón
(“el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor”). Aseguró que se
duplicaron las inspecciones, que creó un mapa de riesgo –que le tomó un
mes– y un registro donde los boliches debían inscribirse previamente
para funcionar. “Si existía antes, no tengo conocimiento”, dijo.
Respiró hondo cuando
le preguntaron cómo había encontrado el área. Recurrió a la
interpelación a Ibarra: “El jefe de Gobierno dijo que el área no
funcionaba ni de lejos correctamente. Mi sensación es que había mucho
por hacer”. Remarcó la presión de la sociedad después del incendio.
“Llego a un lugar donde había una enorme crisis”, reiteró, y luego lo
relativizó: “No es que tuve que sacar de abajo de la tierra lo que no
había. Había gente valiosa y mecanismos adecuados. No alcanzó”,
sentenció.
Gorgal confirmó las
líneas que planteó Alvarez, aunque la mayor parte de su declaración
pareció un informe de gestión. Recordó que Ibarra ordenó que no fuera a
la comisión investigadora de Cromañón, que estaba integrada únicamente
por la oposición. “Había una valoración política para no concurrir”,
explicó. Sostuvo que el inspector no debe consultar cuando hay que
clausurar un local y que sin certificado de incendios, se clausura. Los
inspectores que declararon la semana pasada habían dicho lo contrario
sobre la gestión de Fabiana Fizsbin. Gorgal aseguró que en 2005 se
hicieron 50 mil inspecciones, frente a 16 mil de 2004.
A pesar de que la
fiscalía interpretó que los testimonios sirven a su estrategia, en el
gobierno porteño evaluaron que fue favorable a Ibarra. “Alvarez no hizo
un planteo tajante, del tipo ‘antes era un desastre’”, analizó el
secretario de Comunicación porteño, Daniel Rosso, que consideró que la
gestión de Fizsbin “operó sobre una situación previa de corrupción.
Antes tenías un número alto de inspecciones y uno bajo de clausuras”.
Señaló que en 2003, hubo 45 mil inspecciones y 400 clausuras, y que en
2004 hubo 16 mil inspecciones y más de 1500 clausuras.
Ayer faltaron Ana
Fernández y Gustavo Torres, dos ex funcionarios procesados en la causa
de Cromañón. Sí asistió el ex coordinador de la UPI, Horacio Santinelli,
que fue separado del cargo cuando asumió Fizsbin en 2003. Fue asesor
del legislador Ariel Schiffrin, un ex aliado político de Ibarra que lo
enfrentó duramente tras Cromañón. Contó que cuando se formó la UPI
trabajaban en una pizzería. “Esta situación duró un mes y medio”,
explicó. Además, dijo saber de una cena de fin de año en 2003 en el
boliche Millenium –cuya habilitación se cuestionó en el juicio– de la
que participaron Fizsbin y Vilma Ibarra. También relató un incidente con
el director de Fiscalización y Control, Alejandro Kampelmacher, que
intentó impedir que clausuraran una parrilla. Kampelmacher fue separado
junto con otros 500 empleados cuando Ibarra descubrió un “focazo de
corrupción”. Kampelmacher, que declaró después, negó el incidente.
“¿Usted o su esposa son dueños de una parrilla?”, preguntó la macrista
Silvia Majdalani. “La única parrilla que conozco es la del fondo de mi
casa”, contestó.
Informe: Werner Pertot.
Juan José Alvarez llegó a la Secretaría de Seguridad luego de la tragedia de Cromañón.
