Con el marco de solemnidad que aporta la Facultad de Derecho,
dirigentes del kirchnerismo enfrentaron ayer un debate sobre la reforma
del Consejo de la Magistratura impulsada por el oficialismo, que resultó
la contracara de lo que se espera que ocurra en la Cámara de Diputados,
integrada por
Juanjo Alvarez: discutieron en clara minoría y debieron soportar las críticas de la mayoría de los asistentes.
Si
en algo se pareció este debate al que se producirá en la Cámara baja el
15 o el 22 del mes actual -en el que se espera que la reforma se
convierta en ley- es que los expositores asistieron con ideas fijadas de
antemano, de las que no se movieron ni un centímetro, pese a los
argumentos del resto de los oradores.
Por ese
difícil camino transitaron la senadora Vilma Ibarra; el procurador del
Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino; el diputado Luis Cigogna y la
diputada y consejera Diana Conti. El otro representante del kirchnerismo
fue el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, que abrió el debate,
organizado por la Asociación Conciencia como parte del Diálogo
Argentino. El escenario fue el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de
la UBA.
Las discusiones más encendidas de la tarde
giraron en torno de la reducción de 20 a 13 consejeros que establece la
reforma kirchnerista y el poder de bloqueo que lograría el oficialismo
en la designación y remoción de magistrados. Ocurre que al conservar
cinco consejeros sobre un total de trece, la postura del oficialismo
sería determinante en las votaciones en las que se requiere alcanzar los
dos tercios.
Aunque dijo que era un dirigente de
carácter más técnico, Guglielmino avivó el fuego de entrada. "Los que se
oponen a la iniciativa ocultan deliberadamente el hecho de que si esas
decisiones se tomaran por mayoría absoluta (mitad más uno) desaparecería
el poder de bloqueo", sostuvo. Guglielmino recordó que esa variante
había sido propuesta por la senadora Cristina Kichner durante el debate
en el Senado.
"Si algo demuestra el debate es que
el Gobierno no ha hecho una campaña periodística. Lo que sí hubo fue una
campaña de la prensa en contra del proyecto", agregó.
"Captura del oficialismo"
Antes
de la exposición del procurador, el ex ministro de Justicia Ricardo Gil
Lavedra se había llevado una de las tantas ovaciones que regaló el
auditorio, en su mayoría compuesto por abogados y representantes de
organizaciones civiles que se oponen a la reforma.
Gil
Lavedra sostuvo que el proyecto supone "la captura del Consejo de la
Magistratura por parte del oficialismo". Argumentó su oposición a la
iniciativa sobre cuatro premisas: la instrumentación del Consejo de la
Magistratura se justifica sólo para garantizar la independencia de la
Justicia; el Poder Judicial es un poder contramayoritario destinado a
controlar a las mayorías; el equilibrio entre los sectores que exige la
Constitución significa que ningún sector prevalezca sobre otro ni pueda
bloquear las decisiones del conjunto; la Constitución no impone que el
Poder Ejecutivo esté representado en el Consejo. "Ningún candidato a
juez va a integrar una terna si el Gobierno no quiere. Ningún juez va a
ser removido si el Gobierno lo protege", concluyó el ex ministro
radical.
Le tocó responderle a Vilma Ibarra. La
senadora relativizó la relevancia de que se establezca un poder de veto.
Argumentó que de acuerdo con el actual sistema, si al Poder Ejecutivo
no le gusta un candidato de la terna que elevó el Consejo, tiene
facultades para elegir a otro. "Con eso no se dirige al Poder Judicial.
Este gobierno se autolimitó en las designaciones en la Corte, cuando en
este país lo primero que hace un gobierno que quiere controlar la
Justicia es ir por la Corte", sostuvo.
Rápida de
reflejos, la diputada de ARI Marcela Rodríguez dijo que el poder de veto
en la designación de jueces podría servirle al oficialismo para hacer
ingresar en la terna un candidato afín al Gobierno.
Rodríguez,
actual consejera, subrayó que pese a que el oficialismo criticó a la
"corporación de jueces" durante el debate parlamentario, introdujo en la
reforma un antiguo reclamo de los magistrados: el plazo de caducidad en
las investigaciones contra los jueces.
En el
siguiente panel, la diputada Conti justificó que en la reforma se
privilegie la participación de los órganos que representan la voluntad
popular, como el Congreso y el Poder Ejecutivo.
El
debate duró más de cuatro horas. Se escucharon las opiniones de algunos
de los más reconocidos juristas del país, como Daniel Sabsay, Jorge
Vanossi, Atilio Alterini, Juan Vicente Sola y María Angélica Gelli,
entre otros. Al finalizar, cada uno se fue opinando exactamente igual
que antes del comienzo de la discusión.
