Por
Juan José AlvarezLa
sociedad es insegura si no tiene garantizadas las oportunidades para
desarrollar-se. No es segura si no son claros los valores por los cuales
valga la pena luchar coti-dianamente.
Luego de un largo proceso de
reinstitucionalización del País, enfrentamos una nueva etapa en la que
el Estado y la sociedad civil deben priorizar una impostergable
instan-cia de paz social, equidad, justicia y bienestar. Una instancia
superadora que complete y complemente el indiscutido crecimiento
macroeconómico que ha protagonizado la Argentina de los últimos años.
Pero
esto no será posible si el miedo domina a la sociedad. El pueblo no
sólo le teme a los delitos que manifiestan una carga de violencia cada
vez mayor; existen otros miedos, otras expresiones de la inseguridad que
crecen en los sectores más empo-brecidos de la sociedad.
El desafío,
en el marco de los condicionamientos que impone el proceso de
globaliza-ción mundial, es lograr para nuestro pueblo formas de
crecimiento y desarrollo con jus-ticia social, adaptando objetivos y
políticas a los cambios vertiginosos de la era del co-nocimiento. Para
eso, es imprescindible que el Estado asuma la responsabilidad de
otorgarle seguridad a los ciudadanos en una tarea que va más allá de
evitar delitos y erradicar la violencia.
La sociedad reclama medidas
urgentes para combatir con éxito el flagelo de la insegu-ridad, aunque
la mayoría de los ciudadanos se resiste a creer que existan
posibilida-des ciertas de concretar este objetivo. Debemos, por tanto,
vencer la indiferencia, la desconfianza y la frustración de la gente.
Si
al descreimiento de la gente se le sumara la indiferencia del Estado,
la situación empeoraría de manera insospechada. Hace falta aplicar
medidas, a mediano y largo plazo, destinadas a combatir las causas de la
inseguridad. Pero el miedo no espera.
Ante esta urgencia es
necesario trabajar sobre las consecuencias sin tomar decisiones
apresuradas basadas exclusivamente en el accionar policial; de hecho, la
complejidad de las sociedades modernas hace poco eficaces las
tradicionales formas de lucha co-ntra el delito. La seguridad pública no
es vista ya como un problema policial o judicial, es un fenómeno social
que nos involucra a todos.
Obviamente existen diferentes niveles de
responsabilidad. Debemos dignificar la labor policial dotándola de mayor
preparación técnica y mejor calidad humana, con un pla-neamiento
inteligente y concertado con respecto a las normas legales y a los
derechos humanos. Para esto también resulta esencial la participación
efectiva de la comunidad, porque sólo desde una profunda actitud de
mutua colaboración en la búsqueda común de alternativas y soluciones, se
puede abordar racionalmente una problemática tan ur-gente como el
mantenimiento de la seguridad urbana.
Este es, sin dudas, uno de los
elementos característicos de las organizaciones policia-les modernas, y
esta interrelación con diferentes entidades sociales, es la que
garanti-za el adecuado control de la manera en que se realice la
actividad policial. En definiti-va, un nuevo modelo de vigilancia basado
en la incorporación de los ciudadanos en forma dinámica y comprometida
en la tarea de prevención.
El Plan de Seguridad que se implementa en
esta Municipalidad tiene un fuerte compo-nente de acciones preventivas,
porque estamos convencidos que la represión, la segu-ridad privada y las
rejas, no son las respuestas adecuadas para erradicar este mal que
afecta a todos los sectores sociales de la comunidad.
Se trata de
vencer la desconfianza, salir de la apatía, fortalecer la cohesión
social, la participación popular, ganarle al miedo, en definitiva: ser
libres.
