Control de armas: Primeros pasos de una política de Estado
Por Dr. Juan José Álvarez
Mucho
se habla, y desde hace bastante tiempo sobre diversas recetas para
recuperar los ni-veles de seguridad que la Argentina tuvo hasta hace
algo más de una década. Desde comienzos de mi gestión vengo
sosteniendo el peligro de recurrir a soluciones fáciles, inmediatas,
como si obrasen como expedientes idóneos para dar cuenta de esta
importante demanda de la población. No hay, no existe en seguridad,
soluciones que se obtengan de un día para el otro, dado que los
problemas y factores que produjeron este aumento en la amenaza a nuestra
seguridad sur-gen de un proceso de larga data. Para volver al nivel
de seguridad del que gozábamos hace algún tiempo, debemos revertir
di-cho proceso de deterioro, echando mano no sólo a la fuerza pública
con la que cuenta el Go-bierno para hacer cumplir la ley, sino también, a
aquellas acciones que eviten que más y más gente ingrese a la actividad
criminal, por un lado, y disuada a los delincuentes, por otro. Es
de-cir, cada vez es más importante actuar antes que el delito ocurra. En
esta inteligencia vinimos trabajando desde comienzos de año, en orden a
construir con las distintas fuerzas políticas y actores involucrados en
la problemática, consensos básicos que permitan dictar políticas de
Estado en la materia. En este marco surge la propuesta de actuali-zar la
política de control de armas del Estado nacional. La mentada
propuesta de política pública involucra los distintos aspectos que
conforman la problemática del control, regulación y fiscalización del
mercado de armas de fuego en la Argen-tina. Si bien la atención pública
se ha centrado en la elevación de la pena para aquellos que porten
ilegalmente armas de uso civil, el trabajo realizado con la Comisión de
Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, y su par en el Senado de
la Nación, no se agota en este punto. En primer lugar, la
modificación del artículo 189 bis del Código Penal se orienta a
complemen-tar la actividad policial preventiva realizada a través de los
operativos de seguridad en la Capi-tal Federal y sus accesos. Dichos
operativos buscan obstaculizar la comisión de los delitos, lo que
significa incrementar el riesgo de los delincuentes. Con la equiparación
de la portación de armas ilegales de uso civil a las de guerra –tal es
la distinción que existe hoy en la legislación- estamos, a su vez,
incrementando el costo del delincuente que salga a la calle con un arma.
De tal forma aumentamos la capacidad de disuasión del Estado, con lo
cual estamos interviniendo antes que el delincuente use el arma, y no
después cuando las consecuencias pueden ser irre-parables. A la par,
estamos incorporando figuras penales hoy inexistentes referidas a la
fabri-cación, tráfico y comercialización ilegal de armas, tema que en
muchos agendas internaciona-les figura como una de las nuevas amenazas. Asimismo,
otro de los puntos de los proyectos que integran esta propuesta tiene
que ver con el incremento en la capacidad de fiscalización y control del
mercado legal de armas, dado que los “filtros” o fallas que aquí se
tengan alimentan el mercado ilegal, una de las principales fuentes de la
violencia criminal. Junto con ello se encuentra la necesidad de mejorar
los estándares de seguridad de los depósitos de armas confiscadas, pues
según información suministrado por las fuerzas de seguridad, dichos
estándares son sumamente asimétricos en todo el país. En resumen, el
trabajo conjunto con las comisiones legislativas de ambas cámaras es el
punto de partida para una serie de líneas de trabajo que den como
resultado la construcción de una política de Estado en materia de
seguridad. Como dije oportunamente, no existen soluciones mágicas ni
eslóganes publicitarios que por el solo hecho de recitarlos transformen
la realidad. Sólo existe trabajo, decisión y conducción. Este último es
nuestro camino.
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